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Penalización total del aborto aumenta el riesgo de abortos inseguros

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Santo Domingo.- Profamilia insistió hoy en la necesidad de permitir en el Código Penal dominicano la interrupción del embarazo por causales, señalando que “aunque la pandemia de enfermedad por coronavirus nos ha hecho cambiar muchas cosas, consideramos que hay causas y temas en los que no se puede dejar de insistir, y el aborto por causales es uno de ellos”. 

Indica que en nuestro país la interrupción del embarazo está criminalizada, completamente prohibida, aun cuando la vida de la mujer embarazada está en riesgo, cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto o cuando el feto es inviable. 

De igual manera, la institución mostró preocupación de que la necesaria respuesta del Estado para enfrentar la pandemia, implique que los recursos ya limitados para los servicios de salud sexual y reproductiva puedan desviarse con el propósito de hacer frente al brote, porque esta situación se traduciría en “un aumento en la mortalidad materna y […] un incremento en las necesidades insatisfechas de planificación familiar”, tal como señala el informe técnico COVID-19: Un Enfoque de Género, realizado por el UNFPA (2020). 

Un aumento de embarazos no deseados en el contexto actual de penalización total del aborto obligaría a muchas mujeres que carecen de recursos económicos a recurrir a abortos clandestinos en condiciones inseguras exponiendo su vida.

Enfatizó que durante más de 20 años se ha solicitado la modificación del Código Penal para que permita tres excepciones a la prohibición total de la interrupción del embarazo, y recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre un 4.2% y un 13.2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a un aborto inseguro.

“Creemos que es muy importante y oportuno recordar esto ahora, cuando nos preparamos para ir a votar el próximo 5 de julio para elegir nuestros representantes al Congreso y a la Presidencia de la República y que tendremos el poder de votar por personas que protejan y defiendan el derecho a la vida y a la salud de las tantas mujeres, adolescentes y niñas que se enfrentan a estas dramáticas situaciones”, dijo la organización no gubernamental en un comunicado. 

Destacó que desde el 2012 se han presentado varios proyectos de ley para modificar el Código Penal, sin embargo, en el país aún no se cuenta con una ley que evite a una madre el dolor de llevar a término un embarazo que no tendrá vida fuera del útero, a una niña o adolescente el trauma de parir cuando ha sido víctima de violación sexual o incesto, o el temor de una mujer cuando su vida corre peligro y cursa un embarazo. 

República Dominicana se mantiene entre los únicos 6 países en América Latina que mantiene una prohibición total de la interrupción del embarazo, junto con El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Suriname, aunque el pueblo dominicano entiende que esta es una demanda justa y el 60% ha expresado estar de acuerdo con que se regule el acceso al aborto en el país, según la encuesta Gallup-Hoy del 2019.

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